El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha anulado el expediente disciplinario contra una profesora, quien había sido sancionada con tres meses de suspensión. La sentencia concluye que la administración vulneró su derecho de defensa, al no notificarle la citación de testigos clave en el proceso. Además, se desestimaron dos de las tres faltas que se le imputaban por falta de pruebas. La Junta de Andalucía deberá devolver los salarios descontados, aunque se mantiene la sanción por comentarios despectivos hacia sus superiores.

JURISPRUDENCIA

Roj: STSJ AND 10641/2024
Id Cendoj: 41091330032024100558      Órgano: Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. Sala de lo Contencioso-Administrativo    Sede: Sevilla
Tipo de Resolución: Sentencia

RESUMEN ANTECEDENTES DE HECHO:

El caso se origina a raíz de un expediente disciplinario incoado contra Ariadna, funcionaria docente, por la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía en el año 2013. Se le impusieron tres sanciones de un mes de suspensión de empleo y sueldo, argumentando:

1. Desobediencia a sus superiores, al no aplicar la programación didáctica establecida por el Departamento de Inglés.

2. Comentarios despectivos sobre la Dirección del centro y compañeros, realizados en un escrito oficial.

3. No comparecer a una reunión con la inspectora educativa, sin justificación aparente.

Ariadna recurrió ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo Nº1 de Sevilla, que en 2021 anuló dos de las tres sanciones, manteniendo solo la sanción por desconsideración a sus superiores.

Inconforme con la decisión, Ariadna interpuso un recurso de apelación ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), alegando indefensión y vulneración de derechos fundamentales en el proceso disciplinario.

RESUMEN HECHOS PROBADOS:

1. Primera sanción anulada (desobediencia a superiores):

   • Se le acusó de no seguir la programación didáctica del Departamento de Inglés.

   • No se probó que hubiese recibido una orden clara y precisa de sus superiores para cumplir con dicha programación.

   • No existía constancia de que la programación estuviese aprobada en el momento de los hechos imputados.

   • Se concluyó que no se podía sancionar por un incumplimiento no acreditado.

2. Segunda sanción mantenida (comentarios despectivos):

   • En un escrito formal, Ariadna criticó duramente a la Dirección y a otros docentes, utilizando términos como "acoso", "vejaciones", "falta de ética y humanidad", "personas perversas" e "incapacitadas para ejercer cargos de responsabilidad".

   • El tribunal concluyó que estas expresiones excedían el derecho a la libertad de expresión y constituían una falta grave de desconsideración hacia sus superiores y compañeros.

3. Tercera sanción anulada (no comparecencia a reunión con la inspectora):

   • Ariadna no acudió a una reunión convocada por la inspección educativa.

   • Sin embargo, había solicitado previamente que se le informara sobre los temas a tratar, sin obtener respuesta.

   • El tribunal consideró que no hubo una "negativa obstinada" a obedecer, sino una falta de claridad en la citación.

   • Se anuló la sanción por falta de justificación suficiente.

4. Vulneración del derecho de defensa:

   • No se notificó a Ariadna la fecha y hora de la declaración de los testigos en el expediente disciplinario.

   • Esto impidió que pudiera formular preguntas o contradecir las declaraciones en su contra.

   • El tribunal concluyó que esta omisión vulneró el principio de contradicción y el derecho de defensa.

RESUMEN FUNDAMENTOS DE DERECHO:

El TSJA fundamenta su decisión en la vulneración de garantías procesales y la falta de pruebas suficientes para justificar las sanciones impuestas.

1. Derecho a la defensa y contradicción:

   • Se vulneró el artículo 24 de la Constitución Española, que garantiza la defensa en procedimientos sancionadores.

   • El artículo 39 del Real Decreto 33/1986 establece que toda prueba debe ser notificada al funcionario, lo que no se cumplió en este caso.

   • La jurisprudencia del Tribunal Supremo (STS 1599/2023, STC 194/2000 y STC 175/2007) confirma que la falta de citación a una prueba testifical supone una indefensión grave, anulando el proceso sancionador.

2. Criterios para la sanción disciplinaria:

   • Para que una sanción sea válida, debe basarse en hechos probados con claridad.

   • En el caso de la desobediencia y la incomparecencia, no existía prueba suficiente que acreditara la falta cometida.

   • El Real Decreto 33/1986 exige que las órdenes a los funcionarios sean claras, precisas y comunicadas adecuadamente, lo que no ocurrió.

3. Libertad de expresión vs. desconsideración:

   • El tribunal reconoce el derecho a la crítica y la libertad de expresión en el ámbito docente.

   • Sin embargo, cuando las expresiones tienen un carácter vejatorio y despectivo, pueden ser sancionadas.

   • La jurisprudencia del Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo avala la sanción por desconsideración cuando las expresiones exceden los límites del respeto institucional.

4. Proporcionalidad de la sanción:

   • La única sanción mantenida fue la relacionada con los comentarios despectivos, ya que se consideró que el lenguaje utilizado era ofensivo y atentaba contra la convivencia laboral.

   • La proporcionalidad de la sanción se ajusta a los criterios del artículo 7.1.e del Real Decreto 33/1986.

RESUMEN FALLO:

1. El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía estima el recurso de apelación de Ariadna y anula la sentencia previa.

2. Se declara nulo de pleno derecho el expediente disciplinario, por vulneración del derecho de defensa.

3. La Junta de Andalucía deberá devolver a Ariadna las retribuciones descontadas por las sanciones impuestas.

4. No se reconoce indemnización por daños morales, al no acreditarse suficientemente el perjuicio alegado.

5. La Administración es condenada al pago de las costas procesales, con un límite de 1.500 euros más IVA.

6. Se informa a las partes de la posibilidad de interponer recurso de casación ante el Tribunal Supremo en un plazo de 30 días.

Conclusión:

Esta sentencia establece un precedente clave sobre las garantías procesales en los expedientes disciplinarios a funcionarios.

🔹 Las pruebas deben ser notificadas al sancionado para que pueda ejercer su defensa.
🔹 Las órdenes deben ser claras y precisas, sin ambigüedades que generen sanciones injustificadas.
🔹 El derecho a la crítica no ampara expresiones ofensivas, pero la sanción debe estar bien fundamentada.
🔹 Se refuerza el principio de contradicción, evitando procedimientos arbitrarios o sin las garantías adecuadas.

Este fallo reafirma que la Administración no puede imponer sanciones sin pruebas sólidas ni garantías procesales, asegurando la protección de los derechos de los funcionarios públicos.