La colaboración entre los centros educativos y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad es esencial para garantizar la seguridad ciudadana y prevenir actos delictivos. Este informe sintetiza las competencias de las autoridades policiales y el deber de cooperación de los centros educativos, incluyendo los procedimientos para la facilitación de datos del alumnado, ya sea menor o mayor de 14 años.

Competencias de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad

1. Prevención e investigación

   • Según la Ley Orgánica 4/2015, de Protección de la Seguridad Ciudadana (LOPSC) y la Ley Orgánica 2/1986, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, las autoridades policiales tienen competencias para:

     • Prevenir delitos.

     • Identificar personas en caso de indicios razonables de infracción.

     • Realizar inspecciones en lugares públicos.

2. Protección de Derechos y Libertades

   • La Constitución Española (art. 104) encomienda a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad la protección del libre ejercicio de derechos y libertades y la garantía de la seguridad ciudadana.

3. Facilitación de datos

   • Las autoridades tienen derecho a solicitar información a los centros educativos para la investigación de hechos delictivos, identificación de presuntos delincuentes y prevención de delitos, siempre respetando los principios de proporcionalidad y legalidad.

Deber de cooperación de los centros educativos

1. Obligación General

   • La LOPSC (art. 7) y la Ley Orgánica 8/2021, de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia (art. 29) obligan a los centros educativos a colaborar con las autoridades policiales para garantizar la seguridad y prevenir situaciones de violencia.

2. Funciones del Director

   • Según la Ley Orgánica 2/2006, de Educación (LOE, art. 124.2), el director es responsable de coordinar con las autoridades cualquier actuación que afecte a la seguridad del centro.

3. Notificación Obligatoria

   • Los centros deben informar a las autoridades competentes si tienen conocimiento de hechos que puedan perturbar gravemente la seguridad ciudadana o constituyan un posible delito, conforme a la Ley de Enjuiciamiento Criminal (art. 259).

Facilitación de datos del alumnado

1. Menores de 14 Años

   • El tratamiento de datos personales de menores requiere el consentimiento de los tutores legales, según la Ley Orgánica 3/2018, de Protección de Datos Personales (LOPDGDD).

   • No obstante, este consentimiento no es necesario si la solicitud proviene de una autoridad judicial o policial para prevenir un delito o proteger al menor.

2. Mayores de 14 Años

   • Los alumnos mayores de 14 años pueden otorgar consentimiento para el tratamiento de sus datos. Sin embargo, este no es necesario si la solicitud se enmarca en una investigación oficial.

3. Principios Aplicables

   • Minimización de datos: Proporcionar solo la información estrictamente necesaria.

   • Proporcionalidad: Asegurar que los datos respondan al propósito declarado por la autoridad solicitante.

4. Documentación y notificación

   • Registrar todas las solicitudes y transferencias de datos, e informar a las familias si la situación lo permite, sin interferir en la investigación.

Procedimiento recomendado

1. Recepción de la solicitud

   • Verificar que proviene de una autoridad competente y está debidamente justificada.

2. Facilitación de información

   • Proporcionar los datos pertinentes y documentar el proceso.

   • Respetar las normativas de protección de datos (LOPDGDD y RGPD).

3. Colaboración activa

   • Coordinarse con las autoridades para garantizar la seguridad del centro y prevenir incidentes.

Conclusión

Los centros educativos tienen la obligación de cooperar con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en la averiguación de hechos, identificación de presuntos delincuentes, y prevención de delitos. La facilitación de datos del alumnado, tanto menor como mayor de 14 años, debe realizarse conforme a los principios legales de proporcionalidad, minimización y protección de datos. Una adecuada coordinación entre los centros educativos y las autoridades garantiza la seguridad de la comunidad educativa y el respeto a los derechos fundamentales.

La gestión de las actividades complementarias y extraordinarias en un centro educativo implica una colaboración estrecha entre el Claustro de Profesores y el Consejo Escolar. Cada uno de estos órganos colegiados tiene competencias específicas, reguladas por la normativa vigente, que garantizan un equilibrio entre la planificación pedagógica y la participación democrática de la comunidad educativa.

Competencias del Claustro de Profesores

1. Definición de las competencias del Claustro. Según el artículo 129 de la LOE (modificada por la LOMLOE), el Claustro de Profesores tiene funciones específicas en la organización pedagógica del centro, entre las que destacan:

   • Aprobar y evaluar los aspectos educativos de los proyectos del centro y de la Programación General Anual (PGA).

   • Decidir sobre cuestiones estrictamente pedagógicas, como la inclusión de actividades complementarias alineadas con el currículo.

   • Proponer mejoras en el desarrollo curricular y las actividades formativas del centro.

2. Participación en la PGA

   • El Claustro tiene la competencia para proponer y votar las actividades complementarias y extraordinarias que se consideren necesarias desde el punto de vista educativo.

   • Las actividades complementarias, al integrarse en el horario lectivo y el currículo, son competencia directa del Claustro, ya que afectan a la calidad de la enseñanza.

   • Las actividades extraordinarias, aunque sean propuestas por el Claustro, deben ser validadas por el Consejo Escolar si implican recursos adicionales o afectan a la organización general del centro.

3. Propuesta de actividades

   • Las propuestas del Claustro sobre actividades deben ser presentadas y debatidas en sesiones formales.

   • Estas propuestas deben respetar los principios de igualdad, inclusión y no discriminación, así como los objetivos establecidos en el Proyecto Educativo de Centro (PEC).

Competencias del Consejo Escolar

1. Definición de las competencias del Consejo Escolar El Consejo Escolar, como órgano de participación de toda la comunidad educativa, tiene competencias más amplias en la gestión y supervisión de las actividades del centro. Según la LOE (artículo 127), sus funciones incluyen:

   • Aprobar la Programación General Anual (PGA), que incluye las actividades complementarias, extraescolares y extraordinarias.

   • Supervisar la actividad general del centro y garantizar que se cumplan los objetivos educativos establecidos.

   • Autorizar actividades que requieran el uso de recursos externos o impliquen costes económicos adicionales.

2. Aprobación de la PGA

   • El Consejo Escolar tiene la competencia exclusiva para aprobar la PGA en su totalidad, lo que incluye tanto las actividades complementarias como las extraordinarias.

   • Si el Claustro propone actividades, el Consejo Escolar debe evaluar su viabilidad en términos económicos, organizativos y logísticos, además de su alineación con los objetivos del PEC.

3. Participación de la comunidad educativa

   • Al incluir representantes de familias, alumnos, profesores y personal no docente, el Consejo Escolar garantiza que las decisiones sobre actividades reflejen las necesidades y expectativas de toda la comunidad educativa.

   • Este órgano también tiene la responsabilidad de priorizar actividades que fomenten la convivencia, la inclusión y la participación democrática.

Colaboración entre el Claustro y el Consejo Escolar

1. Relación funcional

   • El Claustro propone actividades desde una perspectiva pedagógica, mientras que el Consejo Escolar evalúa su viabilidad y garantiza su coherencia con la gestión general del centro.

   • Ambos órganos deben trabajar en coordinación para que las actividades propuestas cumplan con los objetivos educativos y respeten las limitaciones organizativas.

2. Límites de competencia

   • El Claustro no puede aprobar actividades que impliquen recursos económicos o logísticos sin la autorización del Consejo Escolar.

   • El Consejo Escolar no puede modificar o rechazar actividades complementarias que sean estrictamente pedagógicas sin justificar su decisión y sin coordinarse con el Claustro.

3. Resolución de conflictos

   • En caso de desacuerdo entre ambos órganos, el equipo directivo debe mediar y garantizar que las decisiones se tomen respetando las competencias de cada órgano y los principios educativos establecidos.

Conclusión

El Claustro de Profesores y el Consejo Escolar tienen competencias complementarias en la inclusión de actividades complementarias y extraordinarias en la PGA:

• El Claustro tiene la responsabilidad de proponer y aprobar actividades desde una perspectiva pedagógica, siempre que estas no impliquen recursos adicionales o ajustes logísticos.

• El Consejo Escolar tiene la responsabilidad de aprobar la PGA en su conjunto, supervisar la viabilidad de las actividades propuestas y garantizar que estas reflejen las necesidades de toda la comunidad educativa.

Esta colaboración asegura que las actividades planificadas contribuyan al desarrollo integral del alumnado, respetando los principios de igualdad, pluralismo y eficiencia organizativa.

La captación de imágenes o vídeos en actos organizados por centros educativos es una práctica común que puede tener finalidades pedagógicas, institucionales o de divulgación. Sin embargo, esta actividad debe respetar los derechos fundamentales de las personas involucradas, en particular el derecho a la imagen y la protección de datos personales. Este informe aborda las bases legales que permiten y regulan esta actividad, aportando un fundamento normativo detallado.

Fundamento normativo

1. Ley Orgánica 3/2018, de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales (LOPDGDD):

   • Artículo 6 (Base de legitimación): El tratamiento de datos personales (incluidas imágenes) es lícito si se cuenta con el consentimiento del interesado o si existe un interés legítimo, como el cumplimiento de funciones educativas.

   • Artículo 8 (Tratamiento de datos de menores): Para menores de 14 años, el consentimiento debe ser otorgado por sus padres o representantes legales.

   • Artículo 89 (Uso de datos en el ámbito educativo): Permite el uso de datos personales siempre que sea necesario para el desarrollo de actividades formativas o divulgativas, respetando los principios de minimización y proporcionalidad.

2. Reglamento General de Protección de Datos (RGPD):

   • Artículo 5 (Principios de tratamiento): El tratamiento de datos debe ser lícito, leal y transparente, limitado a la finalidad específica para la que se recaban y minimizado a lo estrictamente necesario.

   • Artículo 6.1.c y 6.1.e: El tratamiento es legítimo si se realiza para cumplir una obligación legal o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al centro educativo.

   • Artículo 7 (Condiciones del consentimiento): El consentimiento debe ser libre, informado y revocable, especialmente cuando se trate de menores.

3. Ley Orgánica 1/1982, de Protección Civil del Derecho al Honor, a la Intimidad Personal y Familiar y a la Propia Imagen:

   • Artículo 7.5: Prohíbe la captación, reproducción o publicación de imágenes sin consentimiento expreso, salvo en eventos de carácter público.

   • Artículo 2.2: Considera legítima la captación de imágenes en actos públicos siempre que no afecten la intimidad o el honor de las personas implicadas.

4. Ley Orgánica 2/2006, de Educación (LOE, modificada por la LOMLOE):

   • Artículo 121: Obliga a los centros educativos a incluir en su normativa interna directrices sobre actividades relacionadas con la captación de imágenes en el ámbito escolar.

   • Artículo 2 (Principios del sistema educativo): Garantiza la protección de los derechos fundamentales en el contexto educativo.

5. Jurisprudencia y Dictámenes de la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD):

   • Los dictámenes de la AEPD subrayan que la captación de imágenes en eventos públicos es legal siempre que:

     • La finalidad sea legítima (educativa, informativa o divulgativa).

     • Se garantice la protección de los derechos de los menores.

     • Se informe previamente a los asistentes mediante avisos visibles.

Análisis y condiciones para la captación de imágenes

1. Actos Públicos

   • En eventos considerados públicos, como fiestas escolares, graduaciones o representaciones teatrales organizadas por el centro, la captación de imágenes generales es lícita sin necesidad de consentimiento, siempre que:

     • No se enfoque directamente en individuos sin su autorización.

     • La captación se limite a contextos de interés general, evitando usos que afecten a la privacidad o intimidad.

2. Consentimiento para imágenes individuales

   • Cuando las imágenes o vídeos identifiquen claramente a alumnos, profesores o familiares, es imprescindible contar con el consentimiento explícito de las personas implicadas o de sus tutores legales en el caso de menores.

   • Este consentimiento debe indicar:

     • Finalidad del uso (difusión en redes sociales, web del centro, proyectos educativos, etc.).

     • Duración y ámbito de uso.

     • Posibilidad de revocación en cualquier momento.

3. Uso interno y divulgación pública

   • Uso interno: La captación y almacenamiento de imágenes para fines exclusivamente educativos o administrativos no requiere autorización adicional, siempre que se limite al personal del centro.

   • Divulgación pública: Cualquier publicación en redes sociales, boletines o medios digitales requiere una justificación adicional y el consentimiento informado de los interesados.

4. Medidas de transparencia

   • Informar previamente a los asistentes sobre la captación de imágenes mediante:

     • Avisos visibles en las instalaciones del centro.

     • Comunicaciones escritas a las familias.

     • Inclusión de estas prácticas en el reglamento interno del centro.

5. Minimización de riesgos

   • En caso de menores, se recomienda evitar el uso de nombres completos o información adicional que permita su identificación directa en publicaciones públicas.

Conclusión

La captación de fotografías o vídeos en actos públicos organizados por el centro escolar es legal siempre que:

1. Se respeten los principios de proporcionalidad, finalidad y minimización establecidos por el RGPD y la LOPDGDD.

2. Se obtenga el consentimiento informado cuando las imágenes sean identificativas.

3. Se informe previamente a las familias y asistentes sobre las condiciones de la captación.

El centro debe establecer una política clara para estas actividades, incluyendo directrices sobre la captación, almacenamiento y difusión de imágenes, garantizando el respeto a los derechos fundamentales de la comunidad educativa. Esto evitará conflictos legales y fomentará la transparencia y confianza entre las familias y el centro.

La Programación General Anual (PGA) es un documento fundamental en la organización y gestión de los centros educativos. Este informe aborda los aspectos que debe recoger la PGA según la normativa vigente y analiza si el Claustro de Profesores tiene la capacidad de modificarla.

Aspectos recogidos en la Programación General Anual

La PGA es un documento que concreta y organiza las actividades educativas de un centro para un curso escolar. Según la normativa educativa (Ley Orgánica 2/2006, de Educación, modificada por la LOMLOE, y regulaciones autonómicas), la PGA debe incluir:

1. Objetivos del curso escolar

   • Metas pedagógicas y organizativas alineadas con el Proyecto Educativo de Centro (PEC) y los objetivos establecidos por la Administración educativa.

2. Distribución del currículo

   • Temporalización y adaptación de los contenidos, competencias y criterios de evaluación del currículo oficial.

3. Actividades complementarias y extraescolares

   • Planificación de actividades que refuercen el aprendizaje, tanto dentro como fuera del horario lectivo.

4. Organización del profesorado

   • Distribución de horarios, tutorías, y asignación de materias y responsabilidades.

5. Planes y programas específicos

   • Desarrollo de planes como atención a la diversidad, igualdad, convivencia, TIC, sostenibilidad, entre otros.

6. Criterios de evaluación

   • Procedimientos y herramientas para evaluar el progreso del alumnado y la eficacia de las actividades y programas.

7. Plan de acción tutorial

   • Estrategias para el acompañamiento educativo y emocional del alumnado.

8. Recursos materiales y humanos

   • Gestión de recursos disponibles para el desarrollo de las actividades programadas.

9. Medidas de atención a la diversidad

   • Acciones específicas para atender las necesidades educativas del alumnado.

10. Proyectos específicos

    • Iniciativas propias del centro educativo, como programas bilingües, innovación educativa, o proyectos europeos.

¿Puede el Claustro de Profesores Modificar la PGA?

1. Competencias del claustro

   • Según el artículo 129 de la LOE y sus modificaciones por la LOMLOE, el Claustro tiene competencias para aprobar y evaluar los aspectos educativos de la PGA, así como para informar de las decisiones organizativas y de gestión que afectan al centro.

   • Esto implica que el Claustro puede proponer modificaciones en los aspectos educativos de la PGA, como la planificación pedagógica o el desarrollo curricular.

2. Límite de la modificación

   • El Claustro no tiene autoridad para modificar unilateralmente la totalidad de la PGA, ya que este documento debe ser aprobado por el Consejo Escolar, que es el órgano de participación de toda la comunidad educativa.

   • Las modificaciones propuestas por el Claustro deben ser debatidas y aprobadas dentro del marco del Consejo Escolar, respetando las competencias de cada órgano colegiado.

3. Propuestas y Resoluciones

   • El Claustro puede remitir propuestas razonadas al equipo directivo o al Consejo Escolar si considera que ciertos aspectos de la PGA requieren ajustes o modificaciones.

   • El equipo directivo es el responsable final de coordinar la elaboración de la PGA, asegurando que respete la normativa vigente y los acuerdos adoptados en el Consejo Escolar.

Conclusión

La Programación General Anual recoge aspectos esenciales para la organización del curso escolar, desde objetivos pedagógicos hasta recursos y actividades complementarias. El Claustro de Profesores puede proponer modificaciones en los aspectos educativos de la PGA, pero no tiene capacidad para modificarla de manera unilateral. Cualquier cambio debe ser debatido y aprobado por el Consejo Escolar, en el marco de sus competencias y funciones.

La colaboración entre los órganos colegiados del centro (Claustro y Consejo Escolar) es esencial para garantizar una planificación coherente y adaptada a las necesidades de la comunidad educativa.

La consulta aborda si los miembros del Claustro de Profesores y del Consejo Escolar están obligados al deber de sigilo respecto a los asuntos que traten en dichos órganos colegiados, especialmente aquellos sujetos a reserva. Este informe analiza la normativa vigente y las responsabilidades legales de estos miembros en relación con la confidencialidad.

Marco Normativo

1. Ley Orgánica 2/2006, de Educación (LOE, modificada por la LOMLOE)

   • El artículo 125 regula las funciones del Claustro de Profesores, estableciendo que sus miembros participan en decisiones que afectan al ámbito pedagógico y organizativo del centro. Estas decisiones pueden incluir información sensible o reservada.

   • El artículo 126 establece las funciones del Consejo Escolar, que incluyen decisiones sobre aspectos económicos, disciplinarios y de organización, muchas de las cuales pueden estar sujetas a reserva.

2. Ley Orgánica 3/2018, de Protección de Datos Personales (LOPDGDD)

   • El tratamiento de datos personales, que a menudo ocurre en reuniones de órganos colegiados, debe garantizar la confidencialidad y estar sujeto al cumplimiento del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD). Los miembros de estos órganos tienen el deber de proteger la información personal que manejen.

3. Deber de Confidencialidad en la Función Pública

   • Según el artículo 53 de la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común, los funcionarios y cualquier persona que participe en procedimientos administrativos están obligados a guardar secreto sobre la información a la que tengan acceso por razón de sus funciones.

4. Normativa Autonómica y Reglamentos Internos

   • Las comunidades autónomas pueden establecer normativas específicas o incluir el deber de sigilo en los reglamentos internos de los centros educativos. Este deber se refuerza en los casos en que los miembros traten asuntos relacionados con datos personales, decisiones disciplinarias o cuestiones económicas.

Análisis

1. Alcance del Deber de Sigilo

   • Los miembros del Claustro de Profesores y del Consejo Escolar tienen acceso a información sensible, como datos personales de alumnos y familias, resultados de evaluación o decisiones disciplinarias. La divulgación de esta información puede vulnerar derechos fundamentales, como la protección de datos y la privacidad.

   • El deber de sigilo se extiende no solo durante el ejercicio de las funciones, sino también una vez finalizada la pertenencia a estos órganos.

2. Consecuencias de Incumplir el Deber de Sigilo

   • La divulgación de información reservada puede acarrear sanciones disciplinarias, según lo dispuesto en el Estatuto Básico del Empleado Público o normativas equivalentes.

   • En casos graves, como la divulgación de datos personales sensibles, pueden derivarse responsabilidades legales en el ámbito civil o penal, de acuerdo con la LOPDGDD y el Código Penal.

3. Recomendaciones para Garantizar el Cumplimiento

   • Los centros educativos deberían incluir explícitamente el deber de sigilo en los reglamentos internos del Claustro y el Consejo Escolar.

   • Proporcionar formación a los miembros sobre sus obligaciones legales respecto a la confidencialidad y la protección de datos.

Conclusión

Sí, los miembros del Claustro de Profesores y del Consejo Escolar tienen el deber de sigilo respecto de los asuntos que conozcan por su pertenencia a estos órganos colegiados, especialmente cuando versen sobre cuestiones sujetas a reserva, como datos personales, decisiones disciplinarias o información económica. Este deber está respaldado por la normativa educativa, la legislación sobre protección de datos y los principios de actuación en la función pública.

El cumplimiento de este deber es esencial para garantizar la privacidad y el correcto funcionamiento del centro educativo, así como para evitar posibles sanciones legales.

El caso plantea una situación de conflicto entre la decisión de una madre de no autorizar la participación de su hijo en actividades complementarias y la posición del centro educativo, que considera obligatoria la participación en dichas actividades. Este informe aborda el marco normativo y las implicaciones legales para ofrecer una respuesta desde la Inspección de Educación.

Marco Normativo

1. Definición de Actividades Complementarias

   • Según el artículo 6 de la Ley Orgánica 2/2006, de Educación (LOE, modificada por la LOMLOE), las actividades complementarias son aquellas que, siendo distintas del currículo ordinario, se desarrollan dentro del horario escolar y forman parte del proyecto educativo del centro.

   • La normativa autonómica específica puede regular en detalle las características y obligatoriedad de estas actividades, dependiendo de cada comunidad autónoma.

2. Derechos y Deberes del Alumnado

   • El artículo 124 de la LOE establece los derechos y deberes de los estudiantes, incluyendo la participación en las actividades programadas por el centro, siempre que formen parte del proyecto educativo o de la programación general anual.

3. Deber de Colaboración Familiar

   • La LOE (artículo 126) subraya el deber de las familias de colaborar con los centros educativos en la educación integral del alumnado, lo que incluye permitir y facilitar la participación en actividades diseñadas para su desarrollo personal y académico.

4. Normativa sobre Objeción de Conciencia

   • Aunque las actividades complementarias no suelen ser susceptibles de objeción de conciencia, si una familia presenta razones justificadas, la dirección del centro podría considerar alternativas que permitan respetar tanto los derechos del alumno como las obligaciones educativas.

Análisis

1. Obligatoriedad de las Actividades Complementarias

   • Las actividades complementarias, al formar parte del proyecto educativo, tienen carácter obligatorio. Su finalidad es contribuir al desarrollo integral del alumnado, complementando el currículo y fomentando competencias clave como la convivencia, la creatividad y el aprendizaje práctico.

   • La negativa a participar podría implicar una falta de cumplimiento del proyecto educativo, lo que podría afectar tanto al proceso educativo del alumno como a la organización del centro.

2. Razones de la Negativa

   • Si la madre presenta una justificación razonada (por ejemplo, motivos religiosos, médicos o de otra índole), se debería estudiar si estas razones son compatibles con la organización del centro y si cabe ofrecer alternativas que permitan al alumno recibir una experiencia educativa equivalente.

3. Intervención de la Inspección

   • La Inspección de Educación tiene la responsabilidad de garantizar que se cumplan las normativas vigentes, velando por el derecho del alumnado a una educación integral y respetando los derechos de las familias dentro del marco legal.

Respuesta desde la Inspección de Educación

1. Ratificación de la Obligatoriedad

   • Confirmar que las actividades complementarias son obligatorias si están debidamente incluidas en el proyecto educativo y aprobadas en la programación general anual del centro.

2. Mediación y Resolución

   • Solicitar a la dirección del centro que dialogue con la madre para explicar la importancia de estas actividades en el proceso educativo.

   • Si la madre persiste en su negativa, evaluar las razones presentadas para determinar si son justificadas y si es posible implementar soluciones alternativas.

3. Cumplimiento Normativo

   • Asegurar que el centro cumpla con los procedimientos legales y que no se vulnere el derecho del alumno a la educación. Esto incluye documentar adecuadamente las actividades programadas y garantizar que estas se desarrollen dentro del horario escolar y en coherencia con los objetivos educativos.

Conclusión

Desde la Inspección de Educación se debe respaldar la obligatoriedad de las actividades complementarias siempre que estén debidamente justificadas y sean parte del proyecto educativo. No obstante, es importante considerar las circunstancias individuales de la familia, mediando para encontrar soluciones que respeten tanto el derecho del alumno a la educación como las responsabilidades del centro y las decisiones familiares.

En caso de desacuerdo persistente, la Inspección puede recomendar alternativas o, si corresponde, emitir una resolución fundamentada que determine el curso de acción a seguir.