España permite la existencia de centros educativos que imparten sistemas extranjeros, como el británico, el estadounidense o el francés, pero esta apertura está regulada por un marco jurídico estricto. La normativa establece requisitos claros para su autorización y funcionamiento, e impone la enseñanza obligatoria de Lengua y Cultura Española en determinados casos, buscando integrar la diversidad pedagógica con la identidad cultural y lingüística del país.