El documento proporciona directrices sobre la gestión y protección de datos personales en el ámbito educativo. Se enfoca en asegurar que los centros educativos cumplan con la normativa del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) y establece procedimientos claros para el tratamiento de la información de alumnos y familias. Uno de los aspectos clave es el uso de dispositivos electrónicos y aplicaciones externas. Los profesores pueden utilizar aplicaciones ajenas a las proporcionadas por la Consejería, siempre que cuenten con la autorización del centro, se evalúe la seguridad de la información y se informe a las familias sobre el uso de estos datos, incluyendo su finalidad y las garantías de seguridad . El documento también aborda la instalación de cámaras de videovigilancia, indicando que debe haber un cartel informativo visible que detalle la identidad del responsable del tratamiento de las imágenes y cómo ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación, portabilidad y oposición. Las imágenes captadas deben ser conservadas por un mes y luego eliminadas . En cuanto a la comunicación y cesión de datos, se establece que la publicación de nombres y datos de contacto de los docentes en la web del centro requiere el consentimiento previo si es de acceso público. Sin embargo, esta información puede ser compartida en una intranet restringida a la comunidad educativa . Además, se permite colgar listas de alumnos en las aulas solo al inicio del curso, recomendando que permanezcan en el interior de las aulas posteriormente . El documento también menciona el uso de mensajes SMS para comunicarse con alumnos y padres, indicando que se debe informar sobre el uso de sus datos y permitir la oposición a este tratamiento . En general, se enfatiza la importancia de la transparencia y el acceso a la información para las familias y los alumnos mayores de 14 años, asegurando que la comunicación sea clara y accesible . En resumen, el documento establece un marco normativo claro para la protección de datos en los centros educativos, promoviendo la seguridad y la privacidad de la información personal de alumnos y familias, y garantizando que se cumplan los derechos establecidos por la legislación vigente.