El Decreto 81/2010 de 8 de julio establece un marco normativo integral para el funcionamiento y organización de los centros docentes públicos no universitarios en la Comunidad Autónoma de Canarias. Este reglamento sustituye normativas previas y responde a los principios de calidad educativa, autonomía organizativa y gestión eficiente, promoviendo la participación activa de toda la comunidad educativa.
El documento se estructura en cuatro títulos principales:
Disposiciones Generales: Define la naturaleza de los centros docentes como instituciones educativas orientadas al aprendizaje, la innovación pedagógica y la integración comunitaria. Detalla los tipos de enseñanzas ofrecidas, desde infantil hasta formación profesional, y establece criterios para la creación, transformación y supresión de centros, subrayando su autonomía en la elaboración de proyectos educativos y de gestión.
Organización de los Centros: Regula los órganos de gobierno (como el Consejo Escolar y el Claustro de Profesores) y de coordinación docente, incluyendo equipos pedagógicos y departamentos didácticos. Este título resalta la importancia de la colaboración entre profesores y el diseño de estrategias para fomentar la convivencia, la innovación y la igualdad en los centros.
Autonomía y Evaluación: Este apartado consolida la capacidad de los centros para definir sus propios proyectos educativos, de gestión y de convivencia, siempre enmarcados por objetivos de inclusión, equidad y calidad educativa. También regula los procesos de evaluación interna y externa, como la autoevaluación, las evaluaciones diagnósticas y el análisis del rendimiento académico, con el fin de impulsar la mejora continua.
Participación y Colaboración Social: Fomenta la implicación de las familias, los estudiantes y otros agentes sociales a través de asociaciones, juntas de delegados y otras formas de organización democrática. Este título destaca la importancia de la relación entre la escuela y su entorno, promoviendo actividades que integren a todos los sectores.
Además, el decreto aborda aspectos específicos como la incorporación de tecnologías, el desarrollo de planes de atención a la diversidad y la prevención de conflictos mediante la convivencia democrática. Incluye disposiciones adicionales y derogatorias que aclaran su ámbito de aplicación y articulación con normativas previas, consolidando así un reglamento actualizado y unificado para la educación no universitaria en Canarias.
En conjunto, el Decreto 81/2010 refleja un enfoque integral que combina autonomía, innovación, participación y evaluación, posicionando a los centros educativos como pilares fundamentales para el desarrollo social y cultural de la comunidad.