La ley se enfoca en los principios y objetivos que guían el sistema educativo. Se destaca un proceso de consulta y debate que involucró a diversas partes interesadas, incluyendo asociaciones, grupos y ciudadanos, quienes presentaron sus reflexiones y propuestas al Ministerio de Educación y Ciencia. Este proceso, que se desarrolló durante seis meses, fue crucial para identificar y formalizar los principios que deben regir la educación en el país. Entre los principios fundamentales establecidos, se enfatiza la necesidad de proporcionar una educación de calidad a todos los ciudadanos, garantizando la equidad en el acceso y la participación activa de la comunidad educativa. La ley introduce la educación para la ciudadanía como un componente esencial del currículo, con el objetivo de ofrecer a los estudiantes un espacio para reflexionar sobre el funcionamiento de un régimen democrático, los derechos consagrados en la Constitución española y los valores que sustentan la ciudadanía democrática. Esta educación se implementará en diferentes niveles, desde la educación primaria hasta el bachillerato.El documento también menciona la creación de un sistema de ayudas y préstamos para libros de texto y otros materiales curriculares, facilitando así el acceso a recursos educativos de manera gratuita. Se subraya la importancia de enseñar la prevención y resolución pacífica de conflictos, así como la promoción de valores democráticos y derechos humanos, incluyendo la igualdad de género y la no discriminación.
La estructura de la ley se detalla en varios títulos y disposiciones, comenzando con un título preliminar que establece los principios y fines de la educación. Este título resalta la calidad educativa y la equidad como elementos centrales, y subraya la necesidad de un esfuerzo conjunto entre todos los actores de la comunidad educativa, incluyendo estudiantes, familias, docentes y administraciones, para asegurar una educación de calidad.
En conclusión, el documento refleja un compromiso con la mejora del sistema educativo en España, promoviendo la inclusión, la equidad y la formación en valores democráticos. Se busca preparar a los estudiantes para ser ciudadanos activos y responsables en una sociedad democrática, fomentando su participación en la vida económica, social y cultural del país. La ley se presenta como un marco normativo que busca garantizar el derecho a la educación y la formación integral de todos los ciudadanos, adaptándose a las necesidades y realidades del contexto actual.