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El protocolo responde a la alta prevalencia de conductas suicidas en la adolescencia, una de las principales causas de muerte en esta etapa. Los entornos educativos son idóneos para la prevención por su carácter inclusivo y no estigmatizante. Además, garantizan un marco sistemático para articular la detección, intervención y seguimiento, promoviendo la coordinación con servicios de salud y sociales. Fuente: Protocolo de intervención ante riesgo suicida detectado en instituciones educativas de Canarias.
La activación institucional del protocolo significa que el centro educativo implementa medidas preventivas inmediatas tras la detección de señales de alerta o riesgo suicida. Estas incluyen la comunicación a la dirección del centro, la realización de una entrevista de valoración provisional del riesgo suicida en el mismo día, y la adopción de acciones como garantizar la supervisión constante del estudiante, limitar el acceso a medios letales, y coordinarse con los servicios sanitarios. Fuente: Protocolo de intervención ante riesgo suicida detectado en instituciones educativas de Canarias.
Cuando ocurre una conducta suicida en el centro, el protocolo indica una intervención inmediata. Se valora la integridad física del alumno, se asegura su acompañamiento constante y se notifica a las figuras parentales. Según la situación, se activa el traslado a un servicio sanitario para una valoración completa. Además, se garantiza la privacidad del caso y se toman medidas preventivas para evitar nuevas situaciones similares. Fuente: Protocolo de intervención ante riesgo suicida detectado en instituciones educativas de Canarias.
El protocolo propone la implementación de programas de formación en salud mental, la promoción de un entorno escolar inclusivo y la realización de campañas de sensibilización para disminuir el estigma asociado a las enfermedades mentales. Estas acciones buscan fomentar la detección temprana y la prevención. Fuente: Protocolo de intervención ante riesgo suicida detectado en instituciones educativas de Canarias.
El registro de casos permite llevar un seguimiento detallado de las intervenciones realizadas, facilitar la evaluación de las estrategias implementadas y garantizar la continuidad de las acciones en caso de traspaso del estudiante a otro centro. Fuente: Protocolo de intervención ante riesgo suicida detectado en instituciones educativas de Canarias.
El protocolo propone la revisión periódica de las acciones implementadas, la actualización de los recursos formativos y la promoción de la formación continua del personal educativo para garantizar la efectividad y sostenibilidad de las estrategias preventivas. Fuente: Protocolo de intervención ante riesgo suicida detectado en instituciones educativas de Canarias.
El protocolo establece que toda la información relacionada con el caso debe manejarse con estricta confidencialidad. Solo el equipo implicado directamente en la intervención tiene acceso a los datos, y se requiere autorización expresa para compartir información con otros agentes. Fuente: Protocolo de intervención ante riesgo suicida detectado en instituciones educativas de Canarias.
El plan de reincorporación debe incluir medidas para garantizar la seguridad emocional del estudiante, establecer un entorno de apoyo en el aula, coordinar acciones con las figuras parentales y los servicios de salud mental, y realizar un seguimiento periódico para detectar posibles recaídas. Fuente: Protocolo de intervención ante riesgo suicida detectado en instituciones educativas de Canarias.
El cierre del protocolo se basa en el consenso entre el centro educativo y los profesionales sanitarios responsables. Requiere que hayan transcurrido al menos tres meses desde su activación, salvo en casos de riesgo inicial descartado. Se evalúan factores como la evolución del estudiante y la coordinación familiar. Fuente: Protocolo de intervención ante riesgo suicida detectado en instituciones educativas de Canarias.
La coordinación interinstitucional está compuesta por representantes de las Consejerías de Sanidad, Educación y Derecho Social. Estos profesionales promueven la formación sobre el protocolo, gestionan su implementación y evalúan su efectividad. También se encargan de recopilar datos y proponer ajustes cuando sea necesario. Esta colaboración asegura una respuesta integral y efectiva a las necesidades detectadas en los centros educativos. Fuente: Protocolo de intervención ante riesgo suicida detectado en instituciones educativas de Canarias.